La emergencia laboral en Chile ya no se puede ocultar con discursos de complacencia. Con
la cesantía por sobre el alarmante 10% a nivel nacional, y más de 7 mil 300 personas sin
empleo en la Región de Magallanes. ¡La realidad golpea con fuerza!
Frente a esto, resulta incomprensible la desconexión del seremi del Trabajo, José Miguel
Salas, quien con evidente desconocimiento insiste en que las vacantes laborales existen, y
que el problema es la supuesta preferencia de las personas por la informalidad.
Se señaló que la mega reforma tributaria solucionaría el problema del desempleo, pero en
una declaración que contradice el optimismo del Ejecutivo, la autoridad laboral local
reconoció abiertamente que el Gobierno no sabe si las iniciativas implementadas tendrán
éxito ni puede asegurar sus resultados económicos. A esta falta de certezas se sumó la
admisión de un duro revés para la gestión gubernamental en la zona: el seremi reveló, en
Radio Presidente Ibáñez, que el plan de reactivación laboral es un fracaso práctico a nivel
local, ya que solo tres empresas de toda la región se han sumado al subsidio al empleo.
La realidad es otra y que desconocen las autoridades: la falta de empleo formal y digno está
empujando a las familias a la desprotección. En este complejo escenario, el gobierno del
presidente Kast ha decidido delegar la búsqueda de soluciones en una comisión de expertos
económicos. El resultado es un documento con 22 propuestas enfocadas en subsidios,
capacitación y, de manera muy preocupante, regulaciones laborales.
Lejos de proponer una reactivación equitativa, el informe de esta comisión de economistas
parece concentrarse en fortalecer el poder de los grandes empresarios a costa del desamparo
de la clase trabajadora.
La jugada argumentativa central del informe es tan audaz como peligrosa: convertir las
conquistas sociales en las culpables del desempleo. Para estos expertos, y que el gobierno
ve con mucho interés en quitar, son los avances históricos, como el aumento del salario
mínimo, la Ley de 40 horas y el incremento de la cotización previsional a cargo del
empleador son para el gobierno de Kast meramente «costos laborales» que frenan el
mercado. Incluso por aquello, David Bravo, presidente de la comisión calificó como “un
cacho” a los trabajadores y las personas.
Es indignante que en ninguna de las páginas propuestas al gobierno por esta comisión se
examine el margen de utilidad de las grandes empresas, o la extrema concentración
económica del país. Para la comisión, el hilo siempre se corta por el lado del trabajador.
Las señales de alerta ya han movilizado a los principales sectores sindicales del país. Desde
la Federación Minera de Chile, su presidente, Marco García, nos manifestó una profunda
preocupación por la propuesta de eliminar gradualmente la indemnización por años de
servicio, reemplazándola por un mecanismo «a todo evento» financiado a través del Seguro
de Cesantía. Esta fórmula no es más que un subsidio al despido: abarata la salida de los
trabajadores para las empresas y debilita un fondo de resguardo histórico ante la cesantía.
A esto se suma el intento de legalizar la polifuncionalidad extrema bajo la figura de «falta
de adecuación en las funciones». En términos prácticos, esto significa que el trabajador
quedará a disposición de cualquier mandato arbitrario del empleador, y si no se adecúa,
enfrentará el despido justificado.
Por si fuera poco, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel
Díaz, nos dijo que tras el informe el gobierno busca revisar los sistemas de resolución de
conflictos, lo que en el fondo significa restringir el acceso efectivo de los trabajadores a la
justicia laboral.
La crisis del empleo no puede resolverse debilitando derechos para viabilizar reformas
políticas o tributarias que solo benefician a unos pocos. Chile no necesita empleo a
cualquier precio; necesita trabajo formal, estable, seguro y con la participación activa de los
sindicatos.
En un país donde las familias ya deben pagar de su bolsillo la salud, la educación y la vejez,
el trabajo no puede colgar de un hilo. Legislar en base a este informe no sería reactivar la
economía y el empleo, sino profundizar la injusticia social.
