SANTIAGO.- El primero en tomar la palabra para hablar de la
situación presupuestaria de la institución que encabeza fue
el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. El
oficial que lidera la institución castrense, en la Segunda
Subcomisión Mixta de Presupuesto realizada el miércoles de la
semana pasada, levantó las alarmas con sus palabras en la
instancia donde se discute el erario fiscal del próximo año
dado que afirmó que «no estamos en condiciones de terminar el
año».
SANTIAGO.- El reclamo de Iturriaga, que posteriormente
también tuvo eco en las palabras del almirante Fernando
Cabrera, de la Armada, y en el comandante en jefe de la
Fuerza Aérea, FACH, Hugo Rodríguez. Esta situación,menciona
La Tercera, se basa en que durante 2025 las Fuerzas Armadas
tuvieron un recorte en el subtítulo 21 de su presupuesto, el
que se basa principalmente en los recursos destinados para el
personal que las componen.
SANTIAGO.- En el caso del Ejército ese recorte ascendió,
según informó el mismo Iturriaga, a 16 mil millones de pesos,
lo que llevó al organismo castrense a tomar medidas de
recorte y ajuste fiscal. Pero la situación va más allá de
dicha rama, sostienen fuentes de La Tercera, quienes destacan
las palabras que vinieron después a las de Iturriaga y que
dan cuenta de que la situación también se repite en la Armada
y la FACH.
SANTIAGO.- Luego de que se otorgara la libertad condicional a
Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, surgieron varias
dudas sobre el funcionamiento del proceso en que la Corte de
Apelaciones de Coyhaique le entregó el beneficio. Y es que el
atacante, acusado de herir y dejar sin visión a la mujer en
2016 debía permanecer privado de libertad por 18 años, los
que ni siquiera alcanzó a cumplir: solo estuvo ocho años y
dos meses en el Centro de Detención Preventiva Puerto
Aysén.
SANTIAGO.-En el caso, el exministro de Justicia, Hernán
Larraín, mencionó que en 2019 se implementó una modificación
a la ley 21.124 para otorgar el beneficio a los privados de
libertad. «Primero, para que se entendiera que era un
beneficio y no un derecho, para así asegurar que se pudiera
evaluar bien su pertinencia.
SANTIAGO.- Esto, luego, dijo Laraín, que hubiera un informe
del riesgo de reincidencia y de las posibilidades de
reinserción del postulante elaborado por Gendarmería, informe
necesario de evaluar por la Comisión de Libertad Condicional,
pero no vinculante», enfatizó. El exjefe de la cartera de
Justicia añadió que «además se agregó que la resolución fuese
fundada, algo clave, de manera que si se tomaba un camino
distinto del sugerido por dicho informe, se supiera por
qué».
SANTIAGO.-A su juicio, «es en este aspecto donde los jueces
han resuelto en forma apresurada, pues no dan debido crédito
a estos informes o no dan razón de su determinación en caso
de apartarse de su contenido». «Aquí hay una fractura del
sistema que vuelve a plantear la conveniencia de contar con
tribunales de ejecución que sigan la evolución de los
condenados y tomen estas decisiones con mayor rigor y
conocimiento de causa», subrayó Larraín.