Con la reciente promulgación de la ley sobre Fraccionamiento Pesquero, se actualiza el marco
regulatorio que determina la distribución de cuotas de captura entre los sectores industrial y
artesanal. La nueva normativa incorpora criterios técnicos, de sustentabilidad y equidad territorial
en la asignación de recursos hidrobiológicos.
En la región de Magallanes, esta modificación contempla un aumento en la participación del sector artesanal en las siguientes pesquerías:
Merluza austral: pasa de un 60% a un 63% para el sector artesanal.
Congrio dorado: aumenta de un 50% a un 63%.
Estos nuevos porcentajes comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026. Durante el periodo
previo, se trabajará en la implementación de la ley, definiendo los criterios para la eventual
incorporación de pescadores artesanales que actualmente no cuentan con cuota asignada.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, señaló que “esta ley nos permite
avanzar hacia una pesca más justa y equitativa. Más de 160 millones de dólares en cuotas
pasarán del sector industrial al artesanal, beneficiando directamente a las caletas del país. Se trata
de una política construida con transparencia, sin corrupción, y con respaldo del propio sector
artesanal”.
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, su titular Julio Salas destacó que “lo que hemos
visto es una representación diversa y articulada del sector artesanal que permitió sacar adelante
esta ley. Agradecemos a sus dirigentes por el trabajo desarrollado. Esta norma refleja un esfuerzo
colectivo y una voluntad de avanzar hacia una distribución más equilibrada de los recursos”.
Por su parte, la Seremi de Economía de Magallanes, Marlene España, enfatizó que “esta ley
introduce una modificación en la distribución de cuotas en la región, permitiendo proyectar la
incorporación de actores artesanales que hoy no están presentes en el sistema. Como Seremi,
estamos atentos a su implementación y disponibles para acompañar técnicamente este proceso en
el territorio”.
Desde la Seremi se continuará monitoreando el desarrollo del proceso, con el objetivo de entregar
información clara y oportuna al sector pesquero regional, en coordinación con los organismos
competentes. La ley busca fortalecer la gobernanza pesquera, avanzar en criterios de equidad y
promover un acceso más balanceado a los recursos del mar en todo el país.