La absolución de Ximena Montaña en el juicio impulsado por un ex consejero regional de extrema derecha no solo repara una injusticia personal. Este fallo reconoce que en una democracia no puede admitirse el uso de herramientas judiciales para perseguir y amedrentar a mujeres que ejercen funciones políticas o un rol público desde posiciones críticas, feministas y transformadoras.
El proceso al que fue sometida Ximena, sostenido durante dos años a través de mecanismos judiciales y campañas de hostigamiento público que continuaron hasta este mismo miércoles, cuando se inició este juicio, fue la expresión de una forma de violencia política orientada a disciplinar e inhibir la acción a mujeres en espacios de toma de decisión. Este tipo de violencia —que combina judicialización, hostigamiento en redes sociales, deslegitimación pública y acoso personal— se ha instalado como una estrategia de la ultraderecha para contener los avances logrados por los movimientos de mujeres, feministas y luchas sociales populares en Chile y el mundo.
La política feminista y transformadora incomoda a quienes se benefician del orden social patriarcal y de clase. En este sentido, la persecución a Ximena no fue un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia que busca revertir conquistas históricas y restringir el derecho de las mujeres a debatir, disputar el poder, y ejercerlo en condiciones de igualdad.
El fallo absolutorio, en este marco, no es solo un triunfo individual o jurídico, es un precedente político que reafirma que la violencia machista en cualquiera de sus formas —incluido el hostigamiento judicial de nuestras voces— no es tolerable ni puede ser normalizada.
Valoramos el fallo del Tribunal, y reafirmamos nuestro compromiso de continuar denunciando las formas en que la violencia política opera para frenar los procesos de transformación social. Este caso debe contribuir a profundizar la comprensión de la comunidad sobre las dimensiones estructurales del problema y a fortalecer las redes y marcos normativos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
La democracia no puede admitir zonas grises frente a la violencia de género en la política. Hoy se ha dado un paso en la dirección correcta, y llamamos a toda la comunidad a continuar esta tarea que es colectiva y vital para el cuidado de nuestras democracias.