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Wednesday 22 November 2017
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CORTE DE PUNTA ARENAS ACOGE RECURSO DE AMPARO EN FAVOR DE INTERNA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD.

La Corte de Apelaciones acogió hoy – viernes 28 de julio-  un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría Penal Pública en  favor de Cinthya Mansilla Quinchamán, interna que cumple condena en la unidad de mujeres del recinto, y en contra de Gendarmería de Chile y el Servicio de Salud de Magallanes, por las medidas de contención que se le aplicaron al ser sedada; y esposada de pies y manos en una cama de la sección de enfermería del recinto penal, el 12 de julio pasado.

En fallo unánime (causa rol 12-2017), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marta Jimena Pinto, Marcos Kusanovic y el fiscal judicial Fabio Jordán- estableció que las medidas de contención aplicadas a Cinthya Mansilla constituyen infracción al derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual, consagrada en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República.

El fallo indica que a la amparada se “le aplicó la sanción disciplinaria de 20 días de privación de visitas, por el Alcaide del Complejo Penitenciario, a causa de  la falta que cometió al régimen interno, por la agresión y amenaza al personal de la sección femenino, por la resistencia activa al cumplimiento de las recibidas [sic] por la autoridad en el ejercicio legítimo de las atribuciones, por denigrar e insultar las funcionarias penitenciaria [sic], por entorpecer los procedimientos de seguridad del régimen interno”.

“Se ha establecido –continúa- que los hechos que el Sr. Juez de Garantía conoció para efectos de aprobar la sanción de 20 días de suspensión de visitas, como efectivamente procedió, se refieren a las faltas a la disciplina que son deberes de la interna, por lo cual en ese aspecto la Corte considera que resolvió la autoridad judicial legalmente facultada, mediante el procedimiento previsto al efecto, contra lo cual no se opusieron recursos ordinarios.

“Sin embargo, ese conocimiento y decisión no incluyeron la contención de la interna en la enfermería del penal, los días 12 y 13 de julio del presente, ni la modalidad de aplicación de esposas en pies y manos y de administración de fármacos, sobre lo que, en consecuencia, corresponderá emitir pronunciamiento a esta Corte”, sostiene la resolución.

Sentencia que agrega: “La institucionalidad local de Gendarmería y del Servicio de Salud de Magallanes no cumple con las condiciones que permitan una reacción ante faltas a la disciplina por parte de alguna de las internas bajo su custodia con padecimientos de salud mental, que garantice que la utilización de sus procedimientos hasta ahora en práctica, no agrave su privación de libertad con rigor innecesario o inadecuado para su condición de tal.

“Tampoco –continúa- dispone de personal con facultades resolutivas y operativas disciplinarias, con capacitación para diferenciar que en la causa de la indisciplina interviene de manera determinante una o más variables de salud mental, ni de procedimientos y métodos definidos bajo estándares médicos, para cumplir con sus obligaciones respetando las diferencias y especificidad de estos casos. Menos aún de recursos humanos especializados de apoyo para asesorarse en las situaciones concretas. De este modo, se infringe la forma determinada por la Constitución y las leyes, en que debe llevarse a efecto la privación de libertad individual, que acepta el sistema jurídico, que obliga a no agravar tal condición, con rigores que en casos concretos pueden ser innecesarios o prolongarse por más tiempo que el estrictamente indispensable para su objetivo”.

Por lo tanto, el tribunal de alzada:

– “Ordena  oficiar al Servicio Médico Legal a fin de que, dentro del plazo de 30 días, realice e informe a esta Corte, peritaje psicológico y psiquiátrico a la víctima, de acuerdo al “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” conocido como Protocolo de Estambul”

–  Se ordena la inmediata atención de la interna con médico psiquiatra de la red pública de atención, a fin de constatar su estado de salud mental y realizar ajuste de medicación si lo estima necesario.

–  En lo demás, la situación referida fue superada y restablecido el imperio del derecho por la propia autoridad que dispuso la medida, por lo tanto a la fecha del recurso no existen medidas específicas para el caso particular que adoptar, sin perjuicio de otras para prevenir la ocurrencia

de hechos similares;

– Se instruye a Gendarmería y al Servicio de salud de Magallanes, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecúen a la normativa técnica existente para casos de contención física en pacientes psiquiátricos, que establece los estándares necesarios para garantizar el respeto a la dignidad humana y seguridad del paciente y terceros.

– En todo caso en la elaboración o corrección o modificación de sus protocolos incorporarán a profesionales médicos psiquiatras, psicólogos y otros especialistas en el área de salud mental, que efectúen las descripciones sobre las conductas previsibles del interno o interna afectado poruna crisis o descompensación psiquiátrica.

–  Asimismo, se instruye a Gendarmería y al Servicio de salud de Magallanes, a fin de que en sus protocolos de actuación distingan la situación de faltas disciplinarias de internos cuya condición de salud mental constituya una variable a considerar para decidir la adopción de procedimientos de contención acordes con la naturaleza de su padecimiento, de aquellos que incurran en hechos de indisciplina pura y simplemente por mala conducta.

–  Se le instruye para que, en los casos en que intervenga la variable de padecimientos de salud mental categorizados técnicamente, se consulte la participación de un profesional psiquiatra del área médica, para la adopción de la medida a aplicar o lo más pronto posible después de su aplicación, a fin de que evalúe su pertinencia y mantención.

– Deberán dar cuenta a esta I. Corte de Apelaciones las medidas que han adoptado para evitar la repetición de estos hechos, dentro de los 30 días siguientes a que se notifique la resolución que así lo disponga”, concluye el fallo.

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